Las municiones de racimo, más conocidas como bombas de racimo, son una amenaza mortal. Según cifras entregadas por Greenpeace, ya son 100.000 las personas que han muerto como consecuencia de la explosión de estas armas, y de ellas, un 98% eran civiles.
Las alarmantes cifras anteriores están unidas a las características de estas armas: primero, está la imprecisión al momento de atacar un blanco específico y se sabe, además, que las municiones de racimo que no estallan quedan dispersas sobre la superficie, constituyendo un grave peligro para muchos civiles, debido a la gran sensibilidad de estas armas al contacto; es así que las municiones de racimo continúan ocasionando muertos y heridos mucho tiempo después que un conflicto bélico ha terminado.
Además de las pérdidas humanas, las municiones de racimo ocasionan graves consecuencias socioeconómicas para las comunidades, debido a que no es posible desarrollar en estas áreas actividades agrícolas o ganaderas normalmente y, por otro lado, es peligroso utilizar los caminos ya sea para acceder o abandonar las zonas en las que es posible encontrar estas bombas.
En la reciente guerra en El Líbano, el ejército israelí dejó sembrada en su territorio más de 3 millones de estas municiones, las que fueron esparcidas en zonas donde existen comunidades y aldeas en las que reside la población, constituyendo una amenaza constante para los civiles, ocasionando también graves daños a las tierras de cultivos y a los negocios comerciales. La ONU definió como inmoral el uso de esta cantidad de armamento, levantando una verdadera voz de alerta en todo el mundo.
Resulta de suma importancia, a la luz de los datos entregados, ampliar la discusión en torno a la prohibición de estas municiones, ya sea su fabricación, utilización o intercambio. Latinoamérica ya comenzó el camino: en mayo pasado se realizó en Lima la Conferencia Mundial sobre Bombas de Racimo, que buscó determinar los pasos a seguir hasta lograr alcanzar un tratado global a firmarse en 2008 en contra de este tipo de armamento.
En nuestro país, en tanto, es necesario que se cree una regulación efectiva para enfrentar el desafío de obtener una moratoria unilateral por parte del gobierno. Sólo de esta manera se podrá revertir la terrible historia que envuelve a Chile directamente a la fabricación de bombas de racimo. En la década del ´80 Carlos Cardoen, a través de Metalnor, comercializó su propia bomba de racimo, cuyo cliente más importante fue Sadam Hussein, quien pagó unos US$ 200 millones por las armas.
En la actualidad, la Comisión de Bombas de Racimo (CMC), organismo que reúne a más de 200 ONG – una de ellas, el Instituto de Ecología Política – pretende detener la fabricación y el uso de tales municiones a nivel internacional. Además, esta coalición busca poner de manifiesto la relevancia del tema en todos los continentes, concientizando a la población mundial hasta lograr erradicar definitivamente estas municiones que han causado ya tantas muertes.
