Pucón, una pequeña e idílica localidad sureña ubicada a orillas del lago Villarrica y a las faldas del volcán más activo de Chile, está sometido a una crisis ambiental que refleja muy bien lo que ocurre en el país y en el planeta.

Nuestro país, por su vulnerabilidad frente a la crisis climática, debería estar ya en un régimen de funcionamiento de emergencia climática.

La crisis climática se parece mucho a lo que está ocurriendo en Pucón con la incómoda alerta naranja. Nadie quiere hablar de preparación, lo que sería en materia climática abordar “medidas de adaptación”, e insisten en tratar de convencernos de que el planeta está en alerta amarilla.

Como afirmó hace pocos días el secretario general de la ONU, António Guterres, estamos frente al gran dilema del siglo XXI: cooperamos o nos extinguimos como especie.

China, la segunda potencia económica del mundo (responsable del 33 por ciento de las emisiones de CO2) decidió privilegiar su crecimiento económico por sobre la transición a las energías renovables.

Esta guerra se ha transformado en un tabú para nuestros compatriotas. Si alguien hace alguna pregunta, recibirá como respuesta: “todo está bien y en calma”. Sin embargo, lo cierto es que ahora estamos casi al borde de una guerra nuclear y, en caso de que suceda, los ciudadanos que habitamos este territorio no sabremos qué hacer ni cómo protegernos.

En materia de crisis climática se dice que “el miedo sólo paraliza si no sabes hacia dónde correr”.

Si partimos de la premisa de que la crisis climática es capaz de provocar el colapso de la civilización industrial, podemos analizar mejor y comprender con toda su magnitud la crisis global que estamos viviendo.

Tenemos que comenzar a formular políticas públicas que fomenten la adaptación climática, que preparen a nuestras ciudades para afrontar olas de calor y frío intenso, inundaciones repentinas y sequías regionales. Hoy podemos afirmar que el tema climático dejó de ser un tema técnico y se convirtió en un tema político de primer orden.

La crisis energética que estamos viviendo es estructural; producto del fin del petróleo convencional. Es por esto que el Estado debe asegurar que todas las personas que habitan nuestro país estén provistas de energía.

De aprobarse la Nueva Constitución el próximo 4 de septiembre, Chile iniciará un proceso de cambio energético profundo que nos permitirá enfrentar mucho mejor y de forma solidaria la crisis energética global.

Antes del año 2050, debido a la crisis climática y el agotamiento de los combustibles fósiles, podría precipitarse un cambio en los sistemas políticos desarrollados por los seres humanos para gobernarse.