Democratizar la energía es la tarea pendiente que tiene nuestro país con sus ciudadanos. No debemos olvidar que el auge que vive hoy Chile en el desarrollo de las energías renovables, particularmente en materia de energía eólica y solar, se debe en gran parte a la acción ciudadana que se opuso decididamente a dos grandes proyectos eléctricos: la central térmica a carbón en Atacama de 2.100 megawatts y la hidroeléctrica HidroAysén en Aysén de 2.750 megawatts. Gracias al movimiento ciudadano se logró sacar de los planes estas dos megaobras que hoy están siendo reemplazadas por proyectos de energías renovables.
Sin embargo, a pesar de este boom eólico y solar que goza actualmente el país, sólo se ha visto beneficiada la industria eléctrica y muy particularmente la minería. Tanto es así que del total de la energía solar instalada en el país, el 99,4 por ciento ha sido para la industria y sólo un 0,4 por ciento para instalaciones privadas de autoconsumo, es decir, para instalaciones que buscan satisfacer de forma directa las necesidades de la gente.
Definimos a la energía ciudadana como aquella energía que ha sido concebida, desarrollada y gestionada por ciudadanos individuales o agrupados en un colectivo que tiene por objetivo satisfacer una necesidad mayoritariamente de autoconsumo eléctrico o energético. A medida que la energía fósil es reemplazada por las energías renovables, los sistemas eléctricos y energéticos en todo el mundo comienzan a desplegarse en base a tres actores principales: el Estado, las empresas privadas y la ciudadanía.
A diferencia de otras esferas de la economía, las energías renovables han sido desarrolladas a partir de decisiones políticas tomadas por los Estados o por la ciudadanía organizada. En el caso de Alemania, el primer país donde tuvo lugar la revolución eólica y solar, el puntapié inicial fue la decisión de la sociedad alemana de terminar con la energía nuclear y fósil. Actualmente, según The European Energy Atlas de 2018, las energías renovables representan el 30 por ciento de la totalidad de la energía producida por el país, de la cual un 42 por ciento corresponde a energía ciudadana generada por más de mil cooperativas y asociaciones. Como país pionero en la energía ciudadana, esta alta participación se explica por la voluntad política que hace casi 20 años decidió incorporar a los ciudadanos a través de la liberalización del mercado eléctrico y energético.
Pero el caso alemán no es único y son varios los países donde la energía ciudadana vive un verdadero auge. Podemos mencionar a Japón, Dinamarca, Bélgica, Inglaterra, Holanda, Francia, al estado de California en Estados Unidos y ahora a España donde el nuevo Gobierno ha anunciado que muy pronto derogará el llamado “Impuesto al sol” que penaliza el uso de la energía renovable por parte de los ciudadanos. En Latinoamérica la energía ciudadana está comenzando a surgir en México y en Brasil y se espera también un rápido desarrollo en Argentina.
Por todos estos motivos resulta inconcebible que en Chile existan tantos obstáculos para al desarrollo de esta forma de producir energía que, sin ánimo de lucro, puede ser generada por las comunidades indígenas, municipios, organizaciones comunitarias y hogares particulares.
La transición energética necesaria para que Chile tenga su matriz energética cien por ciento renovable en el año 2050 descansa en dos pilares: el fin del petróleo y la necesidad de remplazarlo por otro tipo de energía que sea renovable y el calentamiento global -con su consecuencia, el cambio climático- que nos exige eliminar las energía fósiles para descarbonizar la matriz energética y por consiguiente la economía. Si queremos tener éxito en esta enorme tarea no podemos prescindir de la ciudadanía organizada ya que las empresas privadas y el Estado no son capaces de asumir por sí solos semejante desafío sin apoyarse en una ciudanía que participa activamente como gestora energética de su propio destino.
Llegó el momento de la energía distribuida y para ello hay que democratizar el sistema energético y cambiarlo por un nuevo modelo sustentable, justo y equitativo, que preserve también la voluntad de las personas o de los colectivos para producir energía para sus propias necesidades.
Si las autoridades gubernamentales o parlamentarias no son capaces de entender y canalizar esta demanda de democratización y de participación ciudadana en el futuro energético del país, les ocurrirá lo mismo que sucedió con los estudiantes ayer y con las mujeres hoy: será inevitable ver cómo crece y se desarrolla un movimiento socioambiental que expresa esta demanda y que la toma como motivo de acción principal.
Probablemente este movimiento no se exprese en las calles o en las tomas de edificios. Al contrario, de forma silenciosa y ayudado por los avances de la digitalización como el blockchain (sistema que permite el intercambio de energía entre particulares) y el descenso rápido en los costos del almacenamiento y de las baterías, muchos ciudadanos y comunidades podrán simplemente producir su propia energía para autoconsumo prescindiendo de las empresas distribuidoras y de la regulación del Estado.
El potencial de la energía ciudadana es enorme y no la debemos desaprovechar si queremos hacer de la transición energética una tarea de todos los chilenos.
