El Presidente de la República, Sebastián Piñera, dio a conocer el plan voluntario establecido entre el Gobierno y las empresas generadoras de electricidad sucia para descarbonizar la matriz energética chilena. Se trata de una medida fundamental para cumplir con los compromisos internacionales asumidos en el Acuerdo de París. Sin embargo, el plan voluntario anunciado por el Presidente resulta insuficiente, además de poco ambicioso.
Para comprender la situación actual hace falta recordar que Chile se negó en 2015 a ser parte de la Alianza contra el Carbón. En aquella ocasión, la delegación chilena había manifestado su voluntad de incorporarse al compromiso de descarbonización pero, después de una repentina orden de la ex presidenta Michelle Bachelet, dio marcha atrás. En aquel entonces y frente a la negativa chilena, el ministro de Energía, Andrés Rebolledo, se comprometió a trabajar para alcanzar un acuerdo “voluntario” con las empresas generadoras de energía sucia.
Esta semana los compromisos anunciados por el Gobierno fueron calificados como insuficientes e indignantes por algunos que pensaron que el término del carbón, el principal precursor de los gases de efecto invernadero, podía concretarse a partir de una decisión voluntaria de la propia industria. Desde nuestra perspectiva, no existen casos en los que una industria exitosa a la hora de repartir ganancias acuerde su propia extinción y es por eso mismo que nunca creímos que esto pueda suceder.
Al contrario, podría hasta considerarse como una prueba de la mala fe de la industria el hecho de que la compañía francesa Engie haya inaugurado en Mejillones una planta termoeléctrica a carbón el mismo día que la ciudad de Los Ángeles era azotada por un tornado, un fenómeno inusual asociado a la crisis climática, que dejó muertos, heridos y casas completamente destruidas.
El uso del carbón para la producción de electricidad fue impulsado tanto por gobiernos de izquierda como de derecha. Tan sólo bajo el gobierno de Bachelet se autorizó la construcción de más de 42 termoeléctricas, lo que implicaba la creación de múltiples zonas de sacrificio en las que quedaba relegado el bienestar y la salud de la población local. Al mismo tiempo, el gobierno de Sebastián Piñera autorizó el funcionamiento de una mina de carbón a tajo abierto en la Región de Magallanes. Entonces podríamos concluir que el uso del carbón en la matriz energética chilena es prácticamente una política de Estado.
La próxima Cumbre del Clima citada por la ONU para septiembre de este año en Nueva York es muy probable que acoja la propuesta del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, para establecer una moratoria a las plantas termoeléctricas a carbón a partir del año 2020. Sí o sí la descarbonización tendrá lugar. El tema es saber si será un proceso lo suficientemente rápido como para cumplir con las metas climáticas y que el aumento de la temperatura del Planeta no supere los 1.5 grados sobre lo normal en 2030.
La integridad de nuestro país está amenazada directamente por el cambio climático y su intensificación podría transformarse en una enorme crisis ambiental. Es por esa razón que la política de descarbonización del país debería ser obligatoria: correspondería a la Ley de Cambio Climático incorporar la descarbonización obligatoria de la matriz energética para el año 2030 y terminar con el uso de todas las energías fósiles en 2040.
No nos quedará otra opción más que seguir el camino trazado por la ciudadanía cuando logró impulsar las energías renovables no convencionales. La movilización ciudadana que se opuso a la construcción en la Región de Atacama de la termoeléctrica mas grande de Latinoamérica, la brasilera “Castilla”, y la oposición al proyecto de Endesa y Colbún, HidroAysén, fue decisiva para liberar más de 4.500 megawatts y garantizar el despliegue con fuerza en el país de las energías renovables como la solar y la eólica.
Debido a que las fuerzas políticas que facilitaron la carbonización de la matriz energética son mayoría en el Congreso, hoy no es muy realista pensar que cambiará la lógica de las decisiones políticamente “posibles”.
Sin embargo, debemos saber que disponemos de un plan coherente y creíble para descarbonizar la matriz energética chilena para el año 2030 y cumplir así con el Acuerdo de París sobre el Clima. Este plan que fue elaborado por Chile Sustentable contempla el cierre en tres años de las siete centrales obsoletas que tienen más de 40 años de funcionamiento (2019-2021), el cierre del cincuenta por ciento de las centrales de carbón cinco años más tarde (2020-2024) y el restante cincuenta por ciento entre el 2025 y 2030. El objetivo es reducir en promedio 30 millones de toneladas anuales de CO2 durante ese período.
Para que ese plan tenga lugar será necesario que la ciudadanía se movilice y exija a la elite económica y política que gobierna Chile que declare al país en emergencia climática. Estamos cada vez más cerca de perder el control sobre el clima. Nos guste o no, los ciudadanos -junto con la urgencia climática- podrán imponer rápidamente la descarbonización total de la matriz energética.
