Durante este mes de octubre se conocerán los resultados del informe de la “Comisión Zanelli”, grupo asesor al que la Presidenta Bachelet designó la tarea de investigar el escenario en el que se mueve la energía nuclear, dejando entrever la posibilidad de utilizar este tipo de energía en nuestro país. Tal hecho trajo consigo una fuerte polémica con los sectores ecologistas, ya que se estaba pasando a llevar uno de los puntos más importantes del Acuerdo de Chagual, compromiso que demarcaba el camino a seguir por este Gobierno en relación a los temas medioambientales. Es así que dicho acuerdo, en su punto siete, declara “no incluir la opción nuclear en la política energética nacional”.
Frente a las declaraciones contrarias a la realización de esta investigación, la Presidenta Bachelet aseguró que el Gobierno iba a mantener el compromiso pactado con los ecologistas, ya que la comisión no estaba efectuando un estudio de factibilidad –como se afirmaba en varios sectores- sino más bien un estado del arte, para así conocer de manera clara el contexto actual en que se desarrolla la energía nuclear, para que un próximo gobierno tomara una decisión en la materia.
Sin embargo, y en contraposición a las palabras de la Presidenta, sorprende el intenso lobby que han hecho personeros de la propia Concertación, como Sergio Bitar, Ricardo Núñez y Eduardo Frei, entre otros, para que este tipo de energía se desarrolle en nuestro país, lo que demuestra que no existe una posición clara y definitiva por parte del gobierno. A diferencia de los ecologistas, que estamos totalmente en contra de utilizar esta opción y sí queremos promover las energías renovables, hay sectores políticos que claramente quieren impulsar el proceso nuclear en Chile.
A la luz de estos hechos sólo nos queda confiar en el criterio y en la palabra de la Presidenta Bachelet, puesto que en estos momentos ella se encuentra en el siguiente dilema: entregar los recursos que se están pidiendo para que la Comisión Zanelli complete su trabajo con nuevos estudios que permitan entregar un informe completo al final de su Gobierno o dar por terminado ahora el trabajo de la comisión y comenzar una segunda fase de estudios nucleares, donde el millón y medio de dólares, solicitado por el Ministro Marcelo Tokman, sería complementado por la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), entidad que pondría el resto de los recursos, lo que constituiría una clara señal del camino a seguir por Chile, aunque la decisión sea o no tomada en este gobierno. Si es elegido este último escenario, el Acuerdo de Chagual sería quebrantado por la Presidenta.
La falta de claridad en este tema constituiría un punto de ruptura. Los ecologistas firmantes del Acuerdo de Chagual hemos hecho un esfuerzo por unirnos a la gobernabilidad, intentando que las transformaciones sociales y políticas relacionadas con el cuidado y respeto por el medio ambiente efectivamente lleguen a buen puerto, de forma rápida y transparente; el no cumplir con los compromisos establecidos conlleva un cambio de actitud por parte del mundo ambientalista.
Al romperse el acuerdo, los sectores ecologistas estaríamos forzados a volver a una postura anterior, es decir, analizar cada uno de los proyectos eléctricos a desarrollarse en el país caso por caso, lo que traería en muchas oportunidades demoras e interrupciones de los mismos. Al parecer no se han aprendido las lecciones del proyecto Metrogas en Peñalolén, el que al tratar de imponerse frente a la opinión de los ciudadanos del sector y de los ambientalistas, quedó empantanado e incluso en peligro de no realizarse. Restar a los ecologistas de la gobernabilidad en la actual crisis energética sería cambiar el alfil que se tiene hoy por un simple peón en el tablero energético nacional.
