La crisis energética que estamos viviendo es estructural; producto del fin del petróleo convencional. Es por esto que el Estado debe asegurar que todas las personas que habitan nuestro país estén provistas de energía y el primer paso para hacerlo es consagrarlo como un derecho en la Nueva Constitución (artículo 59).
La crisis de la energía fósil es un tema que no se debate en nuestro país a pesar de que afecta a todos los ciudadanos y ciudadanas. La élite chilena (mayoritariamente antropocentrista y crecentista ya sea de derecha o izquierda) no desea hablar de la crisis ni de sus causas. Lo mismo sucede con la élite que detenta el poder en el mundo.
A medida que avanza la crisis energética mundial, queda en claro que no quieren hablar de este tema por temor a que contribuya a desestabilizar el orden global, algo que ya está sucediendo y que se evidencia en el aumento del descontento y en la multiplicación de las manifestaciones por la carencia de este vital elemento en distintas ciudades del mundo.
La guerra desatada por Rusia con la invasión a Ucrania es la consecuencia y no la causa de esta lucha que tiene por objetivo controlar lo que queda en el mundo de energías fósiles (petróleo, gas y carbón). Y en el futuro cercano es probable que haya muchas otras guerras más.
El mundo entró en un zapato chino en materia energética. Por un lado, está la crisis climática mundial que exige terminar con el uso de las energías fósiles e impulsar las energías renovables (las que hoy sólo representan el 5 por ciento de toda la matriz energética mundial) y, por el otro lado, la seguridad energética que deben contemplar todos los países para poder mantener el funcionamiento de las actividades que dependen de las energías fósiles. En este contexto, debemos recordar que Chile importa casi la totalidad de sus hidrocarburos.
Si sube el precio de la energía, se encarece absolutamente todo. Tratar de aislar el tema energético del resto de los problemas que tienen los ciudadanos y ciudadanas no sólo es imposible, sino que también es engañoso. Entonces es necesario asegurar un mínimo vital de energía para sobrevivir y para que esto suceda la energía debe ser un derecho ciudadano tal como lo plantea la Nueva Constitución.
Este mínimo vital del que nos habla la Nueva Constitución en el artículo 59 no debería ser considerado como un bono más, sino que debería ser entregado directamente bajo formas concretas de unidades físicas de kilowatts, calorías, etc.
El choque entre las dos miradas sobre la crisis energética ya no puede ocultarse. Mientras que la mirada dominante asegura que se puede seguir creciendo de forma ilimitada en un planeta que es finito (ya sea con el desarrollo sustentable, la economía circular, el crecimiento verde, etc.), la otra mirada nos dice que la naturaleza pone límites al crecimiento y que la trasgresión a estos límites, tal como está sucediendo ahora, provoca trastornos como la crisis climática y ecológica.
Para la visión dominante aún es posible el crecimiento de las necesidades energéticas: vivir mejor con más energía. Para la otra mirada, ya comenzó el descenso energético por el agotamiento de las energías fósiles y la insuficiencia de las energías renovables por lo que habrá que vivir mejor con menos energía (y gestionar con equidad lo que va quedando de las fósiles).
Este año y el año pasado me tocó ver en el sur de nuestro país numerosas colas de personas que pretendían asegurar una ración de pellet para sus estufas. Durante mucho tiempo creímos que el pellet sería el combustible que solucionaría la contaminación que sufren las ciudades sureñas por el uso de leña húmeda. Debo confesar que fui un gran defensor de esta tecnología hasta que un lonko me hizo ver que su comunidad no aceptaría la introducción de una industria (la de las productoras de pellet) para satisfacer sus necesidades energéticas, las mismas que ellos podían satisfacer directamente de la naturaleza con ramas y árboles viejos y secos, y que antes que esto preferían utilizar energías libres y renovables.
La energía renovable sólo es libre si es autónoma y permite a sus usuarios ejercer esta libertad. En la era de la escasez (hacia la cual nos estamos rápidamente dirigiendo) será vital asegurar la autonomía energética. La misma puede conquistarse desde lo local, es decir, de abajo hacia arriba. Por esta razón es muy importante que la Nueva Constitución en su artículo 59.5 asegure y fomente el autoconsumo energético y la creación de cooperativas de energía renovables.
Un señor que estaba en una larga fila para conseguir su cuota de pellet me dijo “Yo vuelvo a la cocina de leña”. Sin otra alternativa, le dije que si Alemania había vuelto a usar el carbón para satisfacer sus necesidades energéticas por qué él no iba usar leña seca para su calefacción. Esto mismo me hizo pensar que podríamos tener plantaciones y leñeras comunales para asegurar la procedencia del recurso, los precios, la buena distribución y para que la leña cumpla con todas las normas ambientales y sociales.
Es tiempo de conquistar como país, como región y como comuna nuestra autonomía energética y debemos hacerlo antes de que sea demasiado tarde.
